Por Johana Acosta
Hay reformas que nacen del cálculo y otras que nacen de una convicción.
La propuesta electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum pertenece a la segunda categoría.
Durante años, el sistema electoral mexicano fue creciendo en costos, estructuras y procedimientos hasta convertirse en uno de los más complejos y más caros del mundo. Lo paradójico es que, mientras más se sofisticaba, más distante se sentía para la ciudadanía.
La reforma no plantea desmontar la democracia, por el contrario, busca fortalecerla, devolverla a su lugar de origen entre la gente, busca ser un mecanismo que incremente la representatividad del pueblo, al tiempo que busca ajustarle los costos.
La Cámara de Diputados seguirá integrada por 500 representantes, pero todos mediante votación directa. El Senado se conformará por 96 escaños. Es un rediseño que busca claridad en la representación y coherencia en el mandato popular.
En el plano financiero, el planteamiento es contundente, reducir en 25% el costo de las elecciones. No es un dato menor. Implica revisar sueldos, eliminar duplicidades entre órganos electorales, ajustar el número de regidurías conforme a población y hacer más eficiente el gasto legislativo.
La democracia no pierde calidad cuando se vuelve austera; pierde legitimidad cuando se vuelve onerosa.
También hay un componente que merece atención: la fiscalización. El acceso oportuno del INE a operaciones financieras, la prohibición de aportaciones en efectivo y el uso de tecnología para supervisar recursos buscan cerrar espacios a la opacidad. En una era donde el dinero circula a velocidad digital, la supervisión no puede seguir siendo analógica.
Otro eje relevante es la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots en procesos electorales. Hoy la conversación pública puede ser manipulada desde una computadora. Ignorar eso sería ingenuo. Regularlo es asumir la realidad.
La reforma también propone que los cómputos distritales inicien al término de la jornada electoral, reduciendo márgenes de incertidumbre, y amplía la democracia participativa en estados y municipios, incluso permitiendo voto electrónico en consultas. La participación ciudadana no debe limitarse al día de la elección.
Finalmente, establece dos reglas de fondo: prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y eliminación de la reelección consecutiva a partir de 2030.
Habrá debate, es natural. Las reformas electorales siempre generan resistencias porque tocan el corazón del poder político. Pero la discusión no debería centrarse en quién gana o quién pierde con los cambios, sino en si el sistema responde mejor a la ciudadanía.
Las instituciones no son piezas intocables; son herramientas públicas. Y como toda herramienta, deben revisarse cuando dejan de cumplir su función con eficiencia y confianza.
En ese contexto, el partido Morena en Quintana Roo ha expresado su respaldo firme a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que la reforma fortalece la representación popular, promueve la austeridad republicana y moderniza los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana.
Desde la dirigencia estatal y sus representantes populares, hemos sostenido que el ajuste electoral responde a una demanda histórica de simplificar el sistema, hacerlo menos costoso y más cercano a la gente. El respaldo no es sólo político; es programático, se enmarca en la visión de consolidar una democracia más participativa, transparente y con reglas claras para todos.
La democracia mexicana no está en crisis. Pero sí está en proceso de ajuste. Y ajustar no es debilitar, es asumir que el país cambió.
