- Sheinbaum consolida la agenda antineoliberal: reforma energética, justicia fiscal y aumento del 135% al salario mínimo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó su habitual conferencia matutina a exponer la magnitud de los cambios estructurales implementados por su gobierno, marcando un claro distanciamiento del modelo neoliberal.
La mandataria reafirmó el compromiso de su administración con la soberanía nacional y la justicia social sin ambages ni titubeos políticos.
Analistas consideran este discurso una defensa firme de las bases ideológicas que sustentan la Cuarta Transformación en el país.
I. La Recuperación Energética y la Riqueza del Pueblo
El eje principal del discurso gubernamental se centró en la recuperación de los activos energéticos que antes fueron cedidos al mercado.
Sheinbaum destacó la «reversión de una buena parte de la reforma energética de Peña Nieto», una medida fundamental.
Esta acción ha impulsado decididamente el «rescate de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad», revirtiendo años de desmantelamiento programado.
La Jefa del Ejecutivo afirmó que estas son acciones directas para recuperar la propiedad de los mexicanos sobre sus recursos esenciales.
El objetivo estratégico es claro: asegurar «la recuperación como empresas públicas, empresas del pueblo de México con una visión de largo plazo».
Garantizará así la independencia energética nacional de toda injerencia externa.
II. Justicia para los Olvidados Históricos y Transformación de la Ley
Se debe reconocer el valor intrínseco de la reforma de pueblos indígenas, la cual es un acto de estricta justicia social.
Este proceso se tradujo en un «presupuesto público por primera vez en la historia a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes», subsanando décadas de rezago y exclusión.
Asimismo, la presidenta abordó la necesidad impostergable de reformar el poder judicial, señalando que los grandes deudores fiscales han abusado de los mecanismos legales.
Es imprescindible entender cómo «particularmente los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo,» enfatizó Sheinbaum a los medios.
Esta manipulación legal ha impedido que la justicia llegue a los más vulnerables, pues lamentó que:
«La justicia nunca ha llegado a quien tiene que llegar: a los más pobres, a los más necesitados, a las mujeres, menos a las mujeres. Ahí no llega.»
La modificación de la Ley de Amparo es por lo tanto imprescindible, advirtiendo que:
«Y luego la Ley de Amparo que ahora la critican tanto, imagínense si no se modifica la Ley de Amparo, lo que va a ocurrir en este y otros casos.»
III. El Desmantelamiento de los Dogmas Económicos
La presidenta presentó los resultados económicos de su administración como una evidencia irrefutable contra las teorías neoliberales que dictaban políticas de austeridad salarial.
El aumento del salario mínimo ha sido un motor de la economía que ha mejorado el bienestar de los trabajadores nacionales.
Ante quienes promovían la inversión a costa de la pobreza, bajo la premisa de la «mano de obra barata», la mandataria ofreció cifras contundentes.
«Aumentó 135% el salario mínimo del 2018 al 2025 y está controlada la inflación,» sentenció la presidenta, utilizando datos económicos firmes.
Además, subrayó que el país se encuentra «en récord de inversión extranjera directa y el peso es de las monedas más estables de todo el planeta.
O sea, mentira,» concluyendo que los dogmas del pasado sobre la devaluación y la inflación han sido rotundamente desmentidos.
IV. La Universalidad de los Derechos Sociales
Finalmente, el gobierno ha transformado la asistencia social en una garantía constitucional, alejándose de la visión de dádiva o caridad pública propia de las administraciones anteriores.
Los nuevos programas de Bienestar, como el apoyo a «Mujeres de 60 a 64» y las becas universales de secundaria, son la prueba fehaciente de este cambio de paradigma fundamental.
La presidenta Sheinbaum señaló que esta transformación es un hito democrático para el futuro del país.
Al referirse a la seguridad jurídica de estos apoyos, Sheinbaum declaró: «El programa ya quedó resguardado como un derecho en el artículo 123 [constitucional].
Ya no dependan de la voluntad de ningún gobernante, sino además que esto ya quede como un elemento de derecho para todas y todos.»
