- Turnan a comisiones iniciativas en materia de enfermedades renales y de economía circular
Chetumal, Quintana Roo.- La XVIII Legislatura del Estado aprobó una reforma a la Ley de Movilidad que busca salvaguardar tanto los derechos de la persona concesionaria, así como los intereses de su familia designada, al ampliar el plazo que marca la Ley para que las personas beneficiarias de la concesión puedan realizar los trámites correspondientes para la designación de una persona sustituta, garantizando así la continuidad de su derecho.
En la sesión ordinaria número 21, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
En el dictamen, las diputadas y diputados consideraron que este mecanismo no solo responde a la voluntad de la persona concesionaria, sino que también garantiza la continuidad del sustento para su familia, evitando que ésta quede desprotegida, dado que en muchas ocasiones el ingreso generado por la concesión representa el principal sustento económico del hogar, por lo que su transferencia adecuada puede significar la diferencia entre estabilidad y vulnerabilidad para los dependientes de la persona titular.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa promovida por el diputado Filiberto Martínez Méndez para reformar la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la cual tiene por objeto crear políticas públicas que permitan a las autoridades del Estado atender de forma más eficiente y en etapas tempranas la enfermedad renal crónica.
De igual forma, se dio lectura y se turnó a comisiones para su análisis la iniciativa para expedir la Ley de Economía Circular, presentada por el diputado Jorge Sanén Cervantes, misma que tiene por objeto cuidar y conservar al medio ambiente a través de políticas y mecanismos en materia de Economía Circular para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre el Estado y los municipios.
