- Reforma combate abuso de amparo ejercido por deudores fiscales. No retroactividad para juicios en curso. Publicado en Diario Oficial. Es ley
Tras un intenso debate en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados aprobó la controvertida reforma a la Ley de Amparo, remitiéndola al Senado para su proceso final.
El objetivo central de la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, es limitar la figura de la suspensión provisional de efectos generales en los juicios de amparo promovidos contra normas generales (leyes).
Un cambio que recupera su función originaria e impide atropellos.
No Retroactividad
El punto más polémico de la reforma se centró en su aplicación temporal, con la oposición acusando un «disfraz de retroactividad» que podría anular juicios de amparo que ya estaban en curso.
Sin embargo, la mayoría legislativa morenista buscó dar certeza jurídica.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en la Cámara Baja, fue categórico al asegurar que el dictamen protege los derechos ya adquiridos.
«Con la reforma a la Ley de Amparo no habrá ningún efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna,» afirmó Monreal, destacando que el transitorio fue ajustado para garantizar la legalidad.
La postura oficial se resume en que «lo hecho queda bajo la ley antigua. Lo que se haga después, bajo la nueva,».
Esto significa que las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor estarán sujetas al nuevo decreto, pero sin afectar actos jurídicos consumados.
Adiós Abusos Fiscales
Para la Presidencia y sus aliados, el móvil detrás de esta reforma es fundamentalmente evitar el abuso del amparo por parte de grandes corporaciones y deudores fiscales que utilizan el mecanismo de suspensión de efectos generales para dilatar y eludir sus obligaciones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió públicamente la reforma, indicando que:
“Los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, a los más necesitados… ¿Quiénes han abusado? Los que tienen más recursos económicos.”
De hecho, el oficialismo esgrimió cifras que señalan «cobros fiscales que se alargan hasta 15 años con argucias,» buscando poner fin a estas «mañas y artimañas» para permitir al Estado mexicano cobrar lo que legalmente le corresponde y lograr celeridad y eficacia en el sistema.
